El enfoque es interesante, pero Pasquau se apoya en algunas falacias (no tan novedosas, todo hay que decirlo) que conviene desmontar. Comienza así interrogando:
¿A quién se juzga? En el banquillo hay sentados una decena de cargos electos catalanes (la presidenta del Parlamento, miembros del Govern y diputados) que ganaron unas elecciones llevando en su programa la promesa de hacer lo que hicieron, junto a dos líderes de movimientos ciudadanos (Sánchez y Cuixart).
Más allá del detalle técnico de que los políticos juzgados no llevaban la realización de un referéndum en su programa electoral, no se entiende por qué se insiste repetidamente en que hicieron lo que prometieron, como si esto de alguna manera excusara su proceder. España es un país de tan amplia libertad de expresión que cualquiera, incluyendo políticos, puede proponer ciertas actuaciones fuera del marco de la legalidad. Lo que no puede hacer es llevarlas a cabo. ¿Sería preferible que España prohibiera prometer la independencia, con lo cual ningún candidato podría engañar a su electorado con ese anzuelo? En mi opinión no. La mejor situación es la actual, en que no se restringe el activismo a favor de una idea que, sin embargo, de momento es inconstitucional concretar. Esta doble salvaguarda (del derecho de los políticos independentistas a la libre expresión, y del derecho del ciudadano a vivir bajo el imperio de la ley) parece desconcertar a Pasquau, para quien, aparentemente, todo lo que se permite en el dominio del discurso también tendría que admitirse en el terreno de los hechos.
Prosigue el magistrado:
Al menos dos millones de personas se sienten juzgados con ellos, se sienten encarcelados con ellos, y tienen un sentimiento de agravio y de injusticia. El tribunal va a juzgar a unos individuos, pero sabe que va a juzgar también a un movimiento social que los apoya inequívocamente. El Derecho necesita ficciones, y es una ficción la que determina que algunos estén acusados y expuestos a una larguísima pena de cárcel, mientras que los suyos están viendo el juicio por televisión.
Los políticos están siendo juzgados por sus actuaciones ilegales, no porque se los esté utilizando para penalizar a todo un movimiento. La prueba está en que aquellos separatistas de a pie que sí cometieron delitos, como Roger Español (quien arrojó una valla metálica contra el cuerpo de un policía), también están siendo sometidos a juicio, aunque no tan mediático como el de sus líderes. Distinto sería, claro, si todos los separatistas hubieran atacado a las fuerzas del orden, por ejemplo tomando el aeropuerto del Prat, el puerto de Barcelona o los pasos fronterizos. En ese caso, obviamente no se podría juzgar a dos millones de personas, y el independentismo habría triunfado.
Continúa Pasquau:
Por eso es verdad que se trata de un juicio político. Los políticos pueden delinquir, y por tanto ser juzgados y condenados, pero es cierto que la política es y debe ser un espacio especialmente privilegiado y protegido frente a la represión penal. Sería insoportable e inasumible que se condenase a los muchos centenares de miles de personas que se sienten representadas por los acusados, y por eso se ha seleccionado a los líderes, como si los líderes hubiesen provocado el movimiento, y no al contrario.
La realidad es lo opuesto de lo que describe el jurista. El proceso separatista es un movimiento de arriba a abajo, y las actuaciones en los momentos clave así lo confirman. Cuando los líderes dieron instrucciones a sus seguidores (20-SET-2017), las multitudes independentistas rodearon la consejería de Economía y obstaculizaron un registro judicial. Cuando los líderes no dieron ninguna instrucción (27-OCT-2017), las multitudes no hicieron nada. Si hubiera sido el movimiento el que obligaba a los líderes a actuar, el día de la declaración de independencia las masas habrían entrado al Palau de la Generalitat y arriado la bandera de España, por ejemplo. Pero no ocurrió.
En el futuro, con más sosiego y distancia de los hechos, se deberá reflexionar que el súbito aumento del independentismo del 10% al 47% del censo electoral que se dio entre 2010 y 2015 no fue tal cosa. La gente siguió votando a los mismos partidos de siempre, y lo que cambió fue que esos partidos, antes autonomistas, de golpe se declararon independentistas. Por eso, al juzgarse a los líderes no se está procesando a unos pobres señores que obedecían a un mandato; se está sentando en el banquillo a quienes conscientemente azuzaron a su electorado hasta hacerlo asumir una tesitura maximalista, creando una dinámica de la cual después no se pudieron apear.
Sigue el magistrado:
Médicos, estudiantes, abuelas, profesores, abogados, taxistas, enfermos, enamorados, conserjes, dependientes, cajeras, curas, técnicos de imagen, ingenieros: el movimiento independentista es tan transversal como la sociedad misma, y no puede admitir que se condene a quienes hicieron exactamente lo que querían que hicieran. Es un proceso penal, pero está basado en una ficción: la selección hecha por el escrito de querella.
Entiendo que los que hablan de la transversalidad del separatismo es porque no conocen mucho de esa "sociedad misma" a la que dicho movimiento dice representar. Si Pasquau recorriera L'Hospitalet, Cornellà o Tarragona capital se encontraría con un contingente muy minoritario de independentistas. Pero intuitivamente lo sabe, y en ese sentido es significativa la selección de profesiones que les atribuye, que incluye empleos de clase media pero no abarca a albañiles, cuidadoras de ancianos, barrenderos, limpiadores de letrinas ni, quizá más significativamente aún, parados. Los independentistas son gente glamorosa, no individuos vestidos con prendas económicas y a quienes les falta algún que otro diente. El separatismo es un movimiento de clases medias catalanoparlantes, cuyos líderes básicamente les dijeron: "esto es lo que ustedes tienen que querer; ¡exíjannoslo!". Pero claro, las revoluciones se hacen con gente desesperada, y en el caso de la independencia de Cataluña los desposeídos no están por la labor.
Concluye Miguel Pasquau Liaño:
Es un proceso penal, pero está basado en una ficción: la selección hecha por el escrito de querella. Cualquier abogado puede entender esa ficción, pero ¿cómo explicársela a los centenares de miles de personas que les agradecieron su determinación?
Cuando dos millones de personas creen que están viviendo en una república, lo que corresponde no es darles explicaciones, sino esperar a que salgan del trance.
Excelente comentario, que desmonta con rigor las falacias de Pasquau en su artículo.
ResponderEliminarSi seguimos la averiada lógica de Pasquau, el juicio de Núremberg habría juzgado, no solo a los jerarcas nazis que ordenaron y dirigieron la guerra, sino a todos los soldados del ejército alemán y a las decenas de millones de alemanes que aplaudieron y "agradecieron su determinación" a Hitler.